EL AYUNTAMIENTO AFRONTA MÁS DE 14 MILLONES EN CONDENAS POR EXPROPIACIONES

El Ayuntamiento de Meco ha sido condenado en firme por dos sentencias judiciales que, en conjunto, superan los 14,5 millones de euros. Ambas resoluciones —una del Tribunal Supremo (2018) y otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (2018)— derivan de expropiaciones forzosas mal gestionadas por anteriores gobiernos municipales.

Las parcelas afectadas son:

• Una de 6.700 m², destinada a zona verde pública.

• Otra de 6.790 m², actualmente utilizada como aparcamiento en la zona de “Las Escuelas”.

Lo que en su origen eran obligaciones asumibles —el pago del justiprecio fijado por el Jurado Territorial de Expropiación, apenas 425.828 €— se convirtió, por omisión y falta de cumplimiento, en una deuda millonaria que hoy compromete los recursos municipales de toda una generación.

Estas condenas no solo implican un daño económico directo, sino que limitan la capacidad futura de inversión en servicios esenciales como educación, transporte, deporte y cultura, comprometiendo la estabilidad financiera de Meco durante años.

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Inacción política y silencio institucional

Pese a la gravedad del asunto, ninguno de los partidos de la oposición ha impulsado hasta la fecha una investigación interna ni ha solicitado la apertura de expedientes de responsabilidad personal para determinar quiénes fueron los responsables directos de las decisiones u omisiones que originaron las condenas.

Esa falta de reacción institucional no solo ofende al sentido común, sino que erosiona la confianza ciudadana en la gestión de los fondos públicos y en la rendición de cuentas.

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Iniciativas en marcha

En defensa del interés general y del principio de transparencia, Javier Marzal, vecino de Meco y miembro fundador de MECO DECIDE, se plantea iniciar una serie de acciones legales y administrativas:

1. Solicitud formal de acceso a toda la documentación relativa a las sentencias, informes de Intervención, acuerdos de pago y financiación.

2. Solicitud de incoación de expediente de responsabilidad personal, al amparo del artículo 36.2 de la Ley 40/2015, para depurar responsabilidades individuales.

3. Denuncia ante el Tribunal de Cuentas, con base en los artículos 38 y 45 de la Ley Orgánica 2/1982, para determinar la posible existencia de responsabilidad contable por alcance y exigir el reintegro de los fondos públicos dañados.

   
   

"El objetivo no es político: es ético y ciudadano. Se trata de garantizar que quienes gestionan los recursos de todos respondan ante la ley si su actuación ha generado un perjuicio económico grave."

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El siguiente paso: abrir el expediente de responsabilidad y exigir transparencia total

En los próximos días, se presentará públicamente el dossier completo de documentos, elaborado conforme a la normativa vigente, para su registro ante el Ayuntamiento de Meco y el Tribunal de Cuentas.

Desde este movimiento ciudadano se exige al gobierno municipal y a los grupos de oposición que actúen con valentía y responsabilidad, dejando de mirar hacia otro lado. Los vecinos merecen saber quiénes fueron los responsables y cómo se llegó a esta situación.

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Una cuestión de principios

En Meco no puede haber silencio cuando hay millones de euros en juego. No puede haber opacidad cuando se trata de dinero público. Y no puede haber impunidad cuando las decisiones de unos pocos hipotecan el futuro de todo un pueblo.